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La reciente propuesta presidencial sobre la creación del Código del Consumo, tiene como responsable de su elaboración, al decano del Colegio de Abogados de Lima, de acuerdo a la nota Norma para defender a los usuarios de cobros abusivos estaría lista en setiembre publicada en PERU21. Se menciona que la norma “buscará defender a los usuarios de los cobros abusivo” adecuando las leyes a la economía de mercado y generando un mayor equilibrio. Para ello, contaría con un grupo de juristas altamente capacitado que ya viene trabajando. También menciona que no se creará más burocracia para la defensa descentralizada del consumidor. Sin embargo, plantea “crear” oficinas de arbitraje municipal.
Luego, curiosamente, se pide la exoneración de debate en el Pleno del Congreso, y que sólo vaya a la Comisión Permanente, para su pronta aprobación pues se trata de una norma técnica.
Primero, para la in-formación de este nuevo “hacedor de leyes”, la Economía de Mercado se basa en el libre intercambio de bienes o servicios, obviamente, de manera voluntaria. En ese sentido, funciona mejor en tanto menos regulación exista. En el caso de que se comience a generar algo semejante a una relación desequilibrada, este mecanismo económico posee un elemento que automáticamente la compensa: el precio. El nivel que tenga éste, genera el incentivo para que aparezcan nuevas ofertas con menores precios. Claro que para que esto suceda, también se requiere que tanto el ingreso como la salida de los ofertantes -del mercado- no tenga restricciones. Es decir, que no existan empresas protegidas por leyes mercantilistas. Así, la propuesta de impedir el ingreso al mercado a determinadas compañías hace exactamente lo contrario que pretende alcanzar. Con ella, los consumidores estarían cautivos ante las ofertas actuales sin posibilidad de tener otras opciones.
Segundo, contrariamente a lo mencionado por el decano; si se crea una oficina municipal, SI se está creando burocracia pues el gobierno local es una instancia estatal.
Tercero, espero que no se pretenda que la norma, debido a que tiene como autores –según él- a un grupo de juristas altamente capacitados, goce de algún privilegio. Más aún cuando menciona que los contenidos no son de “dominio común”, las preguntas que aparecen en mi mente son: ¿Acaso no está elaborando la norma para cualquier individuo que viva en este país? ¿Se teme que el congresista-legislador al no entenderla, se enfrasque en debates inútiles, y la rechace? ¿Qué tal si el producto de los nobles autores contiene serios errores? Si al congresista-legislador le cuesta entender, ¿cómo será cuando haya que aplicarla en el día a día? ¿Es que acaso la norma pretende dar trabajo a sus colegiados mediante la –próximamente- indispensable asesoría?
Antes de finalizar, quiero decirle al decano, que no basta con que las leyes sean “bien intencionadas”. Será suficiente con el hecho de –en realidad es lo único que se necesita- sean UTILES. Que sirvan para lo que se planteó como objetivo. En ese sentido, la norma adolece desde su espíritu. No hay que proteger al consumidor, lo que se necesita es FACILITAR el libre intercambio, para que el consumidor sea capaz de premiar a quien responde adecuadamente a sus requerimientos, y castigar a quien no lo hace. Así, por ensayo-error la calidad mejora. Y esto, no se puede fomentar con leyes positivas. El consumidor no es un niño irracional, y por lo tanto, no merece que lo traten como si lo fuera.

Finalmente, si el decano tiene la intención verdadera de buscar la protección del consumidor, puede hacerlo desde donde está. Dudo que le falten recursos, además así -realmente- no generaría burocracia. Con ello, también afianzaría la imagen de defensor de la justicia, y no, como alguien que está buscando alianzas con el poder para obtener beneficios.